Javier Ruiz – 31/05/2014
Carmen Dolz, Isabel Villalonga o Dolores Linares son nombres que no han saltado a los titulares. De hecho, todos son funcionarios cesados en sus cargos. Pero al mismo tiempo, su labor privada ha impedido abusos públicos en cada una de sus áreas de trabajo. Encarnan un movimiento de resistencia silencioso por parte de muchos funcionarios y silenciado por muchos poderes pero han conseguido frenar desde injerencias políticas hasta casos de flagrante corrupción.
El hartazgo de los ciudadanos con sus políticos está dejando escenas de resistencia en la calle y fotografías de protesta en las urnas que salpican todas las portadas. Pero, al mismo tiempo, está saldándose con choques en la administración que no llegan a la luz pública. Son los que protagonizan funcionarios honrados que están consiguiendo frenar injerencias y abusos políticos o incluso casos de flagrante corrupción. Todos ellos son funcionarios que ya han sido cesados. Nombres como los de Carmen Dolz, Isabel Villalonga o Dolores Linares son mencionados por sentencias judiciales o por los responsables de ciertos departamentos como “héroes olvidados” que esconden tras de sí una categoría: la de la resistencia de la Administración a los abusos de los administradores.
La negativa de tres funcionarios a avalar con su firma el desfalco de las ayudas a la cooperación del conceller Rafael Blasco consiguió destapar un caso que se ha saldado con ocho años de cárcel para el responsable político. Se trata de Carmen Dolz, directora general de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, Sergio Aguado, jefe de área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad y Teresa Clemente, jefa del Servicio de Gestión quienes se negaron a avalar con su firma el saqueo del dinero público que sus superiores les ponían sobre la mesa. Los tres fueron relevados de sus puestos.
Los tres –según relata la sentencia del caso— recibieron presiones para que dieran dinero público a las ONG desde las que Blasco desviaba fondos: el conseller condenado presionó “para que modificaran sus conclusiones, sosteniendo que él era el máximo intérprete de las bases y que confiaran en su palabra de la misma manera que él había confiado en ellos, pese a que no se tenía buen concepto de su trabajo”. La sentencia continúa diciendo que “como no variaran de opinión los mandó a un despacho a recapacitar, y tras unos momentos fueron convocados nuevamente y al enterarse de que no variaban su decisión, el Sr. Blasco visiblemente enfadado, les dijo que si siempre habían sido tan rigurosos, que lo iban a comprobar personalmente, pidiendo a continuación que le subieran a su despacho todos los expedientes con tal objeto”. “Tras el retorno de sus vacaciones, el Sr. Aguado y la Sra. Clemente fueron cesados por su discrepancia, no así la Sra. Dolz, pero sólo porque ya tenía tomada la decisión de cesar voluntariamente”, concluye la sentencia.
Ocho años después de su resistencia, Blasco era condenado a 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación.
Isabel Villalonga fue subsecretaria de Presidencia de la Generalitat Valenciana. Ella se negó a firmar las facturas para el pago de dos millones de euros al Instituto Nóos en el que participaban Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, por el Valencia Summit. Devolvió esas facturas porque –según relató ante el juez Castro— carecían de justificación documental y de estudios de viabilidad. Villalonga rechazó 69 facturas de Virtual Strategies y Shiriaimasu para pagar 760.000 euros de dinero público a la trama del ‘caso Nóos’, otras 18 Lobby Comunicación, una consultora subcontratada por Urdangarin que reclamaba 580.000 euros y otras 10 facturas por un valor de 120.000 euros que pretendían cobrar Miguel y Marco Antonio Tejeiro, cuñados del socio de Urdangarin, Diego Torres.
Cuando Urdangarin conoció el bloqueo de los fondos se quejó ante Francisco Camps. El president de la Generalitat la destituyó el 20 de abril de 2007, según relata el auto del juez.
El mismo juez Castro emitió finalmente un escrito en el que destacaba su «valiente negativa» al pago de «otras muchas facturas» que sumaban un importe cercano a los dos millones de euros «en las que advirtió serias irregularidades». El magistrado subrayaba «su meritoria labor al rechazar el pago de facturas que le fueron presentadas» por Urdangarin y su socio.
Isabel Villalonga, funcionaria de carrera, ocupa en la actualidad una plaza en la Delegación de Gobierno de Valencia.
Las injerencias para que no se sancionara a la cementera mexicana por su fraude fiscal se destaparon cuando la responsable de esa inspección dimitió. Su nombre es Dolores Linares y, hasta que se opuso a la maniobra, era la jefa adjunta de la oficina técnica de la Agencia Tributaria. Su resistencia a anular una multa de 450 millones de euros a Cemex le costó el puesto y junto a ella cayeron el director de la división, Ignacio Ucelay, y el director de Inspección de la Agencia Tributaria,Luis Jones. Aquella cadena de ceses y la rebelión interna que generó llevó al delegado central del área, Ignacio Huidobro, a convocar a los responsables del área para silenciar las protestas. Pero los inspectores siguieron denunciando “injerencias” hasta que Hacienda terminó imponiendo a la empresa mexicana la multa propuesta por la inspectora cesada.
La victoria de los técnicos fue sólo parcial. Desde entonces, el director de la Agencia, Santiago Menéndez, ha sustituido ya a 9 de los 16 miembros del Comité de Dirección de la Agencia Tributaria como parte de lo que Hacienda describe como una “reestructuración ordinaria”. Sin embargo, los funcionarios del departamento encargado de la lucha contra el gran fraude fiscal defienden todavía la imposición del criterio de los especialistas frente a lo que describen como instrucciones políticas, unas injerencias que el Gobierno sigue negando.
Los inspectores que las frenaron han sido cesados de sus cargos pero las arcas públicas se han apuntado 450 millones de futuros ingresos.
La investigación de los papeles del extesorero del Partido Popular le ha costado el puesto al máximo responsable policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el comisario general de la Policía Judicial José García Losada. Éste fue cesado por Interior el pasado 17 de octubre. Antes de ser relevado, García Losada promovió que se impusiera la cruz al mérito policial con distintivo blanco al inpsector que firma la mayor parte de los informes en los casos Gürtel y Bárcenas.
El cese de Losada fue especialmente significativo porque el propio Partido Popular le había nombrado sólo quince meses antes. Tras los informes de la UDEF que denunciaban la financiación ilegal del PP o los regalos a Ana Mato, fue destituido fulminantemente. Interior justificó el relevo con el argumento de que pretendía “impulsar la cooperación internacional y mejorar las áreas de gestión interna” y que por ello ascendía a dicho mando a un puesto burocrático. El SUP (Sindicato Unificado de Policía) denunció entonces el intento de “teledirigir” y “desactivar” las investigaciones sobre el PP con esta destitución.
En este caso, las denuncias siguen pendientes de juicio.
La suma de una historia tras otra deja el agrio sabor de decenas de funcionarios relevados o cesados a corto plazo. Pero deja también el consuelo de las victorias a largo. En el aire queda la duda de si la función pública española está o no en condiciones de ejercer su labor de forma independiente en favor del Estado sin miedo a ser despedidos por el partido o el gobierno de turno.
Injusticias 